Presos Políticos en El Salvador 2026: lista, casos y contexto del régimen de Bukele
El país centroamericano tiene al menos 86 presos políticos documentados, según la ONU y organizaciones de derechos humanos. ¿Quiénes son y por qué están presos?
Ruth lleva ... días detenida arbitrariamente
¿Existen presos políticos en El Salvador?
La pregunta ha generado un intenso debate internacional. El gobierno salvadoreño, encabezado por Nayib Bukele, niega categóricamente la existencia de presos políticos en el país. Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han documentado al menos 86 casos de personas detenidas por motivos políticos desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022.
La definición de "preso político" varía según la fuente, pero existe consenso internacional en que una persona es presa política cuando es detenida o encarcelada principalmente por sus convicciones políticas, su defensa de derechos humanos, su trabajo periodístico, o por su oposición pacífica a las políticas gubernamentales. Amnistía Internacional utiliza el término "presa de conciencia" para quienes cumplen estos criterios y no han usado ni defendido la violencia.
El caso más emblemático de esta lista es el de Ruth Eleonora López Alfaro, abogada anticorrupción declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional en julio de 2025 y detenida arbitrariamente desde el 18 de mayo de ese año.
Los 86 presos políticos: ¿quiénes son?
La cifra de 86 presos políticos fue documentada y publicada en marzo de 2026 por la organización Cristosal, antes de su forzado exilio, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La lista incluye:
Defensores de derechos humanos: Al menos 18 personas, entre abogados, líderes comunitarios y activistas, han sido detenidos por su labor en la defensa de derechos fundamentales. Ruth López es el caso más conocido, pero hay otros como Enrique Anaya, líder indígena detenido por oponerse a proyectos mineros en su comunidad, y Alejandro Henríquez, defensor de derechos laborales.
Periodistas y comunicadores: Doce periodistas han sido detenidos temporalmente bajo el régimen de excepción. La mayoría fueron liberados tras la intervención de organizaciones internacionales, pero varios enfrentan procesos judiciales por cargos de "apología del delito" o "desórdenes públicos", presuntamente fabricados.
Opositores políticos: Al menos 7 personas vinculadas a partidos de oposición han sido detenidas, incluyendo candidatos y exfuncionarios de administraciones anteriores, acusados de "negociaciones con pandillas" sin evidencia pública.
Miembros de comunidades LGTBIQ+: Organizaciones como COMCAVIS TRANS han documentado que más de 30 personas de la comunidad LGTBIQ+ han sido detenidas bajo el régimen en lo que parece un patrón de persecución basado en identidad de género y orientación sexual.
Personas detenidas por error y no liberadas: El caso más trágico: cientos de personas fueron detenidas sin ninguna evidencia. La mayoría fueron liberadas tras semanas o meses, pero un número indeterminado continúa en prisión a la espera de juicios que nunca llegan.
El caso de Ruth López como presa política
La abogada Ruth Eleonora López Alfaro, integrante de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, cumple todos los criterios para ser considerada presa política y presa de conciencia según Amnistía Internacional:
- Detención arbitraria: Fue arrestada el 18 de mayo de 2025 sin orden judicial y bajo un pretexto falso.
- Desaparición forzada: Permaneció 40 horas sin que su familia supiera su paradero tras la detención.
- Cargos cambiantes: La Fiscalía ha modificado los cargos en dos ocasiones sin presentar evidencia.
- Incomunicación total: Desde el 4 de julio de 2025 se encuentra incomunicada en el Centro Penitenciario de Izalco.
- Medidas cautelares ignoradas: La CIDH otorgó medidas cautelares en septiembre de 2025 que el gobierno salvadoreño ha ignorado sistemáticamente.
Su caso ha sido calificado por Amnistía Internacional como "un ejemplo claro de persecución política contra defensores de derechos humanos en El Salvador". El contexto del [régimen de excepción](/es/blog/regimen-excepcion-el-salvador) es fundamental para entender cómo es posible que una abogada sea detenida arbitrariamente y mantenida incomunicada sin fecha de juicio.
El patrón de persecución: cómo opera el sistema
Organismos internacionales han identificado un patrón sistemático en la persecución de defensores de derechos humanos bajo el régimen de excepción:
Paso 1 — Criminalización previa: Antes de la detención, la persona es señalada en medios afines al gobierno como "opositora" o "defensora de pandilleros". Esto prepara el terreno mediático para la detención.
Paso 2 — Detención sin orden judicial: Bajo la cobertura legal del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad pueden detener sin orden judicial si existe "sospecha fundada". En los casos de presos políticos, esta sospecha se basa generalmente en su trabajo de defensa de derechos humanos.
Paso 3 — Aislamiento e incomunicación: Los detenidos son mantenidos incomunicados durante períodos prolongados, impidiendo el acceso a abogados y familiares. Ruth López ha estado incomunicada más de 365 días.
Paso 4 — Cargos fabricados o cambiantes: La Fiscalía presenta cargos que cambian con el tiempo a medida que se desmoronan las acusaciones iniciales. En el caso de Ruth, los cargos pasaron de peculado a enriquecimiento ilícito sin que se presentara evidencia sustancial.
Paso 5 — Juicios sin garantías: Cuando los casos llegan a juicio, se realizan en un contexto donde el poder judicial ha sido reformado y los jueces independientes han sido removidos.
La CIDH, en su informe de situación de 2026, concluyó que este patrón "no es el resultado de casos aislados, sino de una política sistemática de represión contra la sociedad civil".
¿Qué dice el derecho internacional sobre los presos políticos?
El derecho internacional de los derechos humanos es claro en la protección de las personas detenidas arbitrariamente:
- La Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 9) establece que "nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado".
- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 9) garantiza el derecho a la libertad y a la seguridad personales, y establece que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitrarias.
- La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 7) protege el derecho a la libertad personal y establece los requisitos para una detención legal: debe ser ordenada por autoridad judicial competente, basada en leyes previas, y no puede ser arbitraria.
- Los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados reconocen que los abogados tienen derecho a ejercer su profesión sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencia injustificada.
El caso de Ruth López y los otros 85 presos políticos viola todos estos principios. Su detención no fue ordenada por un juez, los cargos no se basan en leyes previas claras, y el ejercicio de su profesión como abogada anticorrupción ha sido criminalizado.
Las voces internacionales sobre los presos políticos salvadoreños
Diversas organizaciones internacionales han alzado la voz:
Amnistía Internacional: "La situación de los presos de conciencia en El Salvador es alarmante. El gobierno utiliza el régimen de excepción para silenciar a quienes denuncian abusos, como Ruth López." — Declaración de julio de 2025.
Human Rights Watch: "El Salvador ha creado un sistema donde la detención arbitraria es la norma, no la excepción. Los 86 presos políticos documentados son probablemente solo la punta del iceberg." — Informe mundial 2026.
WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos): "La cifra de 86 presos políticos en El Salvador es una mancha en la reputación internacional del país. El Gobierno de Bukele debe liberar inmediatamente a todos los presos de conciencia y restaurar el Estado de derecho." — Comunicado de prensa, marzo de 2026.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos: "Hemos recibido información preocupante sobre la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en El Salvador. Las medidas cautelares otorgadas a favor de Ruth López y otros defensores deben ser cumplidas de inmediato." — Audiencia temática, octubre de 2025.
¿Cómo distinguir entre un preso político y un delincuente común?
Esta es la pregunta central del debate. El gobierno salvadoreño argumenta que todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción están vinculadas a pandillas. Sin embargo, la comunidad internacional ha establecido criterios claros para identificar a los presos políticos:
1. Ausencia de delitos comunes comprobados: La persona no tiene antecedentes penales ni evidencia de participación en actividades delictivas.
2. Motivación política de la detención: La detención responde a la actividad política, profesional o de defensa de derechos humanos de la persona.
3. Falta de debido proceso: Los cargos cambian, las pruebas son débiles o inexistentes, y los juicios no cumplen estándares internacionales.
4. Perfil de la persona: Defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, líderes comunitarios, opositores políticos.
5. Reconocimiento internacional: La persona ha sido reconocida como preso de conciencia por organizaciones como Amnistía Internacional.
Ruth López cumple los cinco criterios. No tiene antecedentes penales, fue detenida por su trabajo como abogada anticorrupción, sus cargos han cambiado sin evidencia, es abogada defensora de derechos humanos, y Amnistía Internacional la ha declarado presa de conciencia.
¿Qué puedes hacer para ayudar?
Los presos políticos en El Salvador necesitan visibilidad internacional. El silencio mediático es el mayor aliado de la represión.
- Infórmate sobre el [contexto del régimen de excepción](/es/blog/regimen-excepcion-el-salvador) que permite estas detenciones.
- Firma la petición en Avaaz exigiendo la liberación de Ruth López y de los otros presos de conciencia.
- Sigue el caso de Ruth a través de la [cronología de su detención](/es/blog/timeline-dias-detencion) y comparte sus actualizaciones.
- Apoya a las organizaciones que documentan y defienden a los presos políticos, incluyendo aquellas que han sido forzadas al exilio como Cristosal.
- Comparte este artículo en redes sociales con el hashtag #LibertadParaRuth y #NoHayPresosPolíticos.
Preguntas frecuentes
¿Por qué el gobierno salvadoreño niega la existencia de presos políticos?
El gobierno de Bukele ha construido su narrativa de seguridad pública en torno a la idea de que todas las personas detenidas bajo el régimen de excepción son pandilleros. Reconocer la existencia de presos políticos implicaría admitir que el régimen de excepción se ha utilizado para perseguir opositores y defensores de derechos humanos, lo que socavaría la legitimidad internacional de su política de seguridad. Además, podría tener implicaciones legales internacionales, incluyendo sanciones o procesos ante la Corte Penal Internacional.
¿Los 86 presos políticos incluyen a Ruth López?
Sí, Ruth López es uno de los casos más emblemáticos de esa lista. La cifra de 86 presos políticos documentados por Cristosal y la ONU incluye a defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y líderes comunitarios. El caso de Ruth ha recibido mayor atención internacional debido a su perfil como abogada anticorrupción, su trabajo en Cristosal y la declaración de presa de conciencia por parte de Amnistía Internacional.
¿Qué ha hecho la comunidad internacional al respecto?
La comunidad internacional ha emitido múltiples resoluciones y declaraciones de condena. La ONU ha solicitado en reiteradas ocasiones el fin del régimen de excepción. La CIDH ha otorgado medidas cautelares a varios detenidos, incluyendo a Ruth López. La Unión Europea aprobó una resolución en diciembre de 2025. Sin embargo, no ha habido sanciones económicas significativas ni acciones concretas que hayan forzado un cambio en la política del gobierno salvadoreño, lo que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos como una respuesta insuficiente.
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