Régimen de Excepción en El Salvador: qué es, cómo funciona y sus consecuencias

¿Qué es el régimen de excepción en El Salvador?

El régimen de excepción (también llamado estado de excepción) es una medida constitucional que permite al gobierno de El Salvador suspender temporalmente ciertas garantías constitucionales. La Asamblea Legislativa de El Salvador lo aprobó el 27 de marzo de 2022, originalmente por 30 días, como respuesta a un repunte de homicidios que dejó 87 asesinatos en un solo fin de semana.

Lo que comenzó como una medida de 30 días se ha extendido ininterrumpidamente por más de cuatro años y medio. Hasta julio de 2026, el régimen continúa vigente tras más de 50 prórrogas consecutivas aprobadas por la Asamblea Legislativa — controlada en su totalidad por el partido oficialista Nuevas Ideas. Ningún otro país del continente americano ha mantenido un estado de excepción durante tanto tiempo de forma continua.

¿Qué derechos suspende el régimen de excepción?

Durante el régimen de excepción, quedan suspendidas las siguientes garantías constitucionales:

• Derecho a la defensa material (Art. 12): los detenidos pueden permanecer incomunicados sin acceso inmediato a un abogado.
• Plazo de detención administrativa (Art. 13): el límite de 72 horas para presentar a un detenido ante un juez se extiende, permitiendo detenciones sin orden judicial.
• Derecho a ser informado de los motivos de la detención (Art. 13, inciso 2°): la autoridad puede retrasar la notificación formal de cargos.
• Inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones (Art. 24): se permite la intervención de llamadas y mensajes sin orden judicial.
• Libertad de asociación y reunión (Art. 7): se restringen las concentraciones públicas sin autorización previa.

La suspensión de estos derechos no es absoluta. El derecho a la vida, la integridad personal y la prohibición de la tortura permanecen protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado violaciones sistemáticas de estos derechos fundamentales durante la vigencia del régimen.

Cifras del régimen de excepción (marzo 2022 — julio 2026)

Las estadísticas del régimen de excepción son difíciles de verificar de forma independiente, pero los datos disponibles de diversas fuentes pintan un cuadro preocupante:

Detenciones:

• Más de 85,000 detenciones reportadas desde marzo de 2022, según la Fiscalía General de la República.
• Organizaciones de derechos humanos estiman que al menos 8,000 de esas detenciones han sido arbitrarias, es decir, personas detenidas sin ninguna orden judicial ni evidencia de actividad delictiva.
• La tasa de detención aumentó un 70% en los primeros seis meses del régimen en comparación con el mismo período anterior.

Liberaciones:

• Aproximadamente 7,500 personas han sido liberadas por falta de pruebas, según datos oficiales. Esto representa aproximadamente el 9% del total de detenidos.
• Organismos internacionales consideran que el número real de liberaciones es mayor, pero no todas quedan registradas oficialmente.

Muertes en custodia:

• Entre 2022 y 2025, al menos 189 muertes en centros penitenciarios fueron reportadas, muchas por causas no esclarecidas.
• La ONU y la CIDH han solicitado en múltiples ocasiones la realización de autopsias independientes, sin obtener respuesta del gobierno salvadoreño.

Cesáreo de emergencia:

• La población penitenciaria pasó de aproximadamente 40,000 internos antes del régimen a más de 115,000 en la actualidad, según proyecciones de 2026.
• El hacinamiento en las prisiones supera el 300% de su capacidad de diseño.

Estas cifras han sido recopiladas por organizaciones como Cristosal (antes de su exilio), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

Detenciones arbitrarias y el debido proceso

El régimen de excepción ha sido criticado por su impacto en el debido proceso. La Fiscalía puede detener a una persona sin orden judicial previa si existe "sospecha fundada" de pertenencia a pandillas. En la práctica, este estándar ha sido aplicado de forma extremadamente lava.

Un informe de Human Rights Watch de enero de 2026 documentó casos de personas detenidas por:

• Tener tatuajes, incluso si eran artísticos o religiosos.
• Vivir en barrios identificados como "controlados por pandillas", sin importar su historial personal.
• Ser familiares de alguien acusado de pertenecer a pandillas, sin evidencia de participación directa.
• Haber sido detenido anteriormente y liberado, pero ser arrestado nuevamente bajo el mismo expediente.

El caso de Ruth Eleonora López Alfaro es paradigmático de esta situación. Abogada de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, fue detenida el 18 de mayo de 2025 —paradójicamente, el mismo día que se celebra el Día Internacional de la Abogacía comprometida— sin orden judicial y bajo cargos que la Fiscalía ha cambiado en dos ocasiones sin presentar evidencia. Su detención, según Amnistía Internacional, es una clara persecución política por su trabajo denunciando corrupción gubernamental.

Impacto en la sociedad civil y los defensores de derechos humanos

El régimen de excepción ha tenido un efecto particularmente severo sobre la sociedad civil salvadoreña. Organizaciones de derechos humanos, periodistas y abogados han visto restringida su capacidad de operar:

• Cristosal, una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del país, fue forzada al exilio tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.
• La Asociación de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos reportó que más de 40 abogados han sido hostigados o detenidos temporalmente por ejercer la defensa legal de detenidos bajo el régimen.
• Periodistas independientes que cubren el régimen de excepción han sido detenidos en al menos 12 ocasiones documentadas, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
• FESPAD y el IDHUCA han visto restringido su acceso a centros penitenciarios y a información oficial sobre detenciones.

La CIDH, en su informe de 2025, señaló que "la combinación del régimen de excepción con la Ley de Agentes Extranjeros ha creado un entorno en el que las organizaciones de derechos humanos no pueden operar libremente, socavando la rendición de cuentas y el Estado de derecho".

La posición del gobierno de Bukele

El gobierno del presidente Nayib Bukele defiende el régimen de excepción como la herramienta principal que ha permitido reducir la tasa de homicidios de 52 por cada 100,000 habitantes en 2019 a aproximadamente 2.4 por cada 100,000 habitantes en 2025 —la más baja del hemisferio occidental después de Canadá.

El presidente Bukele ha calificado las críticas internacionales como "injerencias" y "defensa de pandilleros". En noviembre de 2025, declaró: "No vamos a volver a los tiempos en que El Salvador era el país más violento del mundo por defender los derechos humanos de delincuentes."

Sin embargo, la reducción de homicidios no se ha traducido necesariamente en una mejora de la seguridad integral. El Salvador sigue siendo un país con altos niveles de extorsión, el encarcelamiento masivo ha creado tensiones sociales, y el cierre de espacios para la sociedad civil ha debilitado los mecanismos de rendición de cuentas.

Postura de la comunidad internacional

Organismos internacionales han expresado repetidamente su preocupación:

Organización de las Naciones Unidas (ONU): La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha pedido en ocho ocasiones el fin del régimen de excepción y ha solicitado acceso sin restricciones a los centros penitenciarios. Su informe de 2025 documentó 34 casos de tortura y malos tratos bajo custodia durante el régimen.

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Otorgó medidas cautelares a Ruth López en septiembre de 2025 y ha emitido resoluciones señalando que el régimen de excepción "no puede ser permanente ni utilizado para silenciar a defensores de derechos humanos". En junio de 2026, la CIDH reiteró su llamado al Estado salvadoreño a cumplir con las medidas cautelares, que incluyen garantizar la vida e integridad de Ruth y permitir la comunicación con su familia.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch: Ambas organizaciones han documentado violaciones sistemáticas y han declarado que la detención arbitraria de defensores de derechos humanos como Ruth López representa un patrón de persecución política.

Unión Europea: En diciembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando el régimen de excepción y pidiendo la liberación de Ruth López y otros presos de conciencia.

Estados Unidos: La administración estadounidense ha mantenido una posición ambivalente, apoyando públicamente la reducción de homicidios pero expresando preocupación por el retroceso democrático y los casos de detenciones arbitrarias.

¿Cuándo terminará el régimen de excepción?

No hay una fecha clara para el fin del régimen. El presidente Bukele ha indicado en múltiples ocasiones que el régimen continuará "mientras sea necesario". La Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, ha aprobado cada prórroga sin debate significativo.

Algunos analistas políticos y organizaciones de derechos humanos han propuesto:

• Un plan de salida gradual que permita desmantelar el régimen manteniendo la seguridad mediante herramientas constitucionales ordinarias.
• La creación de una comisión independiente de revisión de las detenciones bajo el régimen.
• El restablecimiento de las garantías constitucionales suspendidas, con especial atención a los casos de detenidos arbitrariamente como Ruth López.

Hasta julio de 2026, ninguna de estas propuestas ha sido considerada seriamente por el gobierno.

¿Qué puedes hacer?

El régimen de excepción es el contexto en el que Ruth López ha sido detenida y mantenida incomunicada. Conocerlo es el primer paso para entender por qué su caso no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de persecución.

Para ayudar a Ruth:

• Firma la petición en Avaaz exigiendo su liberación inmediata y el fin de las detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción.
• Comparte este artículo y el de [preso-conciencia-ruth-lopez](/es/blog/preso-conciencia-ruth-lopez) para que más personas entiendan el contexto del régimen de excepción.
• Infórmate sobre los otros [presos de conciencia](/es/blog/otros-presos-conciencia) en El Salvador y la represión sistemática de la sociedad civil.
• Contacta a las autoridades salvadoreñas y a la CIDH exigiendo el cumplimiento de las medidas cautelares para Ruth y el fin del régimen de excepción.

Preguntas frecuentes

¿El régimen de excepción es lo mismo que un estado de sitio?

No exactamente. Ambos son medidas constitucionales excepcionales, pero el estado de sitio es más restrictivo y generalmente implica la intervención militar directa. El régimen de excepción salvadoreño suspende garantías constitucionales específicas pero no llega al nivel de un estado de sitio militar. En la práctica, sin embargo, las fuerzas de seguridad han actuado con una discrecionalidad que en muchos casos equivale a una militarización de la seguridad pública.

¿Por qué hay 86 presos políticos si el gobierno dice que solo hay pandilleros?

La cifra de 86 presos políticos fue documentada por la organización Cristosal en conjunto con la ONU. Incluye defensores de derechos humanos, periodistas, abogados, líderes comunitarios y opositores políticos que fueron detenidos en el contexto del régimen de excepción sin evidencia de pertenencia a pandillas. El caso de Ruth López, declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, es uno de los más emblemáticos. La categoría de "preso político" no es reconocida oficialmente por el gobierno salvadoreño, pero es utilizada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.

¿Qué dice la Constitución salvadoreña sobre el régimen de excepción?

La Constitución de El Salvador, en su Artículo 29, establece que el régimen de excepción puede decretarse en casos de "guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público". El Artículo 30 limita su duración a 30 días, prorrogables por períodos iguales. La controversia radica en si la situación de seguridad actual justifica una medida excepcional que se ha prolongado por más de cuatro años.

El artículo anterior y a profundidad recomendado

Para una comprensión más completa del caso, te recomendamos leer [¿Qué es una Presa de Conciencia? El Caso de Ruth López](/es/blog/preso-conciencia-ruth-lopez), donde explicamos en detalle cómo la definición de Amnistía Internacional se aplica a su situación.